
La mayor causa de contaminación en San Antonio de Pichincha son las partículas que provienen de las minas cerradas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Han aprendido a convivir con el polvo. A cubrir las frutas y los muebles porque no hace falta abrir puertas o ventanas para que entre y lo envuelva todo. San Antonio de Pichincha es la zona de Quito con mayor contaminación del aire por partículas.
De este sector del norte de Quito sale el 70% del material pétreo con el que se construye la ciudad. Actualmente hay seis canteras que cuentan con permisos ambientales y trabajan técnicamente.
El principal problema para la contaminación de esta zona no son las minas legales, sino aquellas que no cuentan con permisos. También están las que fueron explotadas de manera informal años atrás y hoy están expuestas, como cicatrices, sobre las montañas.
Desde la avenida Manuel Córdova Galarza se pueden ver esas heridas a lo largo de las montañas que bordean la parroquia por el oriente a San Antonio y a Pomasqui. Son huecos que debilitan la tierra y que basta que sople del viento para que las partículas se desprendan.
María Torres vive en La Dolorosa, uno de los barrios ubicados a los pies de ese complejo montañoso. Es oriunda de la zona y recuerda que desde niña veía pasar volquetas con material pétreo. Sus padres le contaron que incluso sacaban la tierra con explosiones y que en la noche no se podía dormir porque hasta el suelo temblaba.
Las dos canteras que funcionaban detrás de su vivienda se cerraron hace más de 30 años. Solo quedaron los huecos de donde sacaron miles de metros cúbicos de material. Las paredes de esos cráteres se derrumban con facilidad.
María recuerda que hace unos siete años, con un fuerte aguacero, bajó un alud que no dejó víctimas mortales.
Los vecinos se han reunido para hacer mingas, pero esa zona alta es inaccesible. Asegura que han pedido que intervenga al Municipio, pero no ha habido resultados.
No hay responsables
Alicia Vallejo, directora de Gestión de Calidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, asegura que las autoridades están trabajando en el tema desde el 2019.
Junto con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) han mantenido reuniones y se realizó un inventario de las actividades mineras que han quedado abandonadas a cielo abierto. En todo el Distrito se hallaron 200 actividades y se lo puso en conocimiento de la Agencia de Regulación y Control Minero, del Maate y del Municipio.
Ese estudio reveló que en San Antonio hay 17 pasivos ambientales producto de minería pasada. También existen 48 posibles sitios de explotación ilegal.
Vallejo explica que el problema es que mientras no se declare que existe un daño ambiental a través de un juicio, no se pueden destinar fondos para hacer remediación de las áreas abandonadas.
La Ley prevé que cuando se califica un daño ambiental, debe haber un infractor y debe repararse el daño. Pero como las canteras ya fueron abandonadas años atrás, y eran ilegales, no hay registro de la persona responsable.
Explica que inicialmente pensaban que podían responsabilizar al dueño del predio, pero legalmente no fue factible. Y como no se sabe quién causó el daño, el Municipio no puede actuar. Sin embargo, el Cabildo denunció en Fiscalía para hacer la indagación correspondiente para dar con el responsable y que se pueda reparar.
¿Qué pueden hacer entonces? Vallejo explica que están realizando pequeñas acciones como llevando vegetación a la zona, recuperando taludes, entre otras.
El deber ser
Las canteras regularizadas deben cumplir un proyecto de manejo ambiental y tener un plan de cierre y abandono. Por ejemplo, deben explotar en terrazas, regar con agua y sembrar árboles.
Paúl Pérez es dueño de la cantera Terrazas de Mandingo, que tiene unas 10 hectáreas de explotación. Cuenta que incluso tienen en su nómina a un ingeniero ambiental quien se encarga de lo relacionado al impacto de la actividad.
En su plan de trabajo se contempla la siembra de plantas endémicas. Una vez que acaben la explotación cuentan con un plan de cierre, para que ese territorio pudiera ser utilizado como zona verde.
En temas ambientales tienen una inversión anual de cerca de USD 12 000. La última cantera cerrada fue en Pomasqui, junto a ciudad Bicentenario. Lo paradójico es que tenía permiso de explotación, pero no contaba con un plan de manejo ambiental.